En 2008, exactamente el 20 de noviembre, el Senado sancionó la reforma del sistema previsional argentino, una ley que implicará la desaparición de la jubilación privada y las AFJP. Eso implicó la extraordinaria transferencia de 74.000 millones de pesos a la administración del Estado nacional a partir del 1° de enero de 2009.
Las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) fueron empresas, conformadas por capitales privados, estatales o mixtos, dedicadas a administrar los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores que optaron por ser incluidos en el régimen de capitalización individual establecido por la Ley 24.2411 de reforma previsional del año 1993, promulgada durante el gobierno de Carlos Menem.
La decisión de terminar con el negociado de las AFJP fue una de las mayores medidas que toma el gobierno nacional para recuperar el rol del Estado como garante de los derechos de los trabajadores argentinos. Dicha medida, que forma parte del programa de Proyecto Sur, apunta a romper la trama oscura del poder financiero que impuso desde 1976 el modelo neoliberal.
Cuando se votó la creación de las AFJP en 1993, bajo el cínico nombre de Ley de Solidaridad Previsional, se hacía referencia a la insolvencia del sistema público y la imposibilidad para el Estado de garantizar el 82 por ciento móvil. Los privatistas prometían revertir el déficit crónico del sistema previsional, incrementar la cobertura y ampliar el mercado de capitales, objetivos que nunca se cumplieron.
La capitalización privada constituye un sistema de rapiña institucionalizado y la destrucción del tejido social solidario, que permitió a las AFJP dañar el futuro previsional de los argentinos.
Las AFJP desfinanciaron al Estado, agravando el déficit fiscal y el posterior endeudamiento externo, y obtuvieron exorbitantes comisiones. Pero lo peor, no revirtieron la morosidad previsional, no ampliaron los aportes voluntarios, ni garantizaron la cobertura jubilatoria.
Casi tres cuartas partes de las personas en edad de jubilarse eran indigentes,para demostrar la falsedad de la capitalización y desigualdad privada. El esquema funcionó por la captación compulsiva y engañosa de afiliados; y desde los inicios de las AFJP hasta 2001, el Estado dejó de recaudar 75.000 millones de dólares, al tiempo que se congelaron los haberes de los jubilados durante 10 años. En promedio, entre 1994 y 2006, se apropiaron de un tercio de los montos recaudados. En concepto de comisiones, las AFJP obtuvieron U$S 10.600 millones. Como sucedió con la privatización de los servicios públicos, la excepcionalidad de la Argentina neoliberal consistió en que se garantizó a los privados una tasa de rentabilidad extraordinaria inigualable en el mundo.
Con las AFJP, se quebró el orden constitucional, y se desfinanció al Estado e incrementó la deuda pública. La Justicia investiga hasta el día de hoy diferentes fraudes cometidos por las AFJP: desde la venta a precios ínfimos de títulos de deuda pública, financiamiento a grandes empresas (compraventa de acciones) y desvío de operaciones en perjuicio de los ahorros jubilatorios; siendo todo ello violatorio del artículo 14 bis de la Constitución y de normas menores. Asimismo, como ocurre con los subsidios a los concesionarios privados de los trenes, las ganancias privadas las garantiza un Estado que se hace cargo de las cuentas mayores; en el caso de las AFJP, de los haberes que no alcanzaban el mínimo vital para sus jubilados, entre otros. Lo peor es que se eliminó el derecho al 82 por ciento móvil de los jubilados: los haberes apenas alcanzan a la mitad de los que obtenían en su época activa. Al pasar al sistema de reparto, los actuales jubilados privados cobrarán ahora mejores jubilaciones.
La estatización de las AFJP fue una idea de Amado Boudou, por entonces director ejecutivo de Anses. “Sin lugar a dudas la medida más importante que tomé en mi primer mandato fue la de llevar adelante la recuperación de las AFJP” escribió CFK en su libro “Sinceramente”, donde agregó que lo fue “en todo sentido: simbólico, económico y político”.